Representantes de la sociedad civil han solicitado que los contratos firmados en el negocio del litio por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con empresas chinas y rusas sean analizados de manera abierta y participativa por toda la sociedad.
Más de 20 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a la Asamblea Legislativa solicitando que las decisiones sean informadas y legítimas, en beneficio del interés colectivo del país.
“Solo de esta manera los representantes de la Asamblea Legislativa podrán tomar decisiones informadas y legítimas frente al pueblo boliviano, que respondan al interés colectivo del país”, dice una carta enviada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil a la Asamblea Legislativa.
La semana pasada, el Comité de Energía e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados aprobó los contratos con el consorcio chino CBC y la rusa Uranium One Group, que incluyen la instalación de tres plantas de producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni. Ahora el debate debe pasar al plenario de Diputados y luego al Senado.
Estos contratos, que tendrán una duración de al menos 36 años, son considerados clave para el futuro económico y ambiental de Bolivia. Sin embargo, su aprobación ha sido criticada por la falta de transparencia y participación pública.
Además de las millonarias inversiones, los contratos tendrán implicaciones profundas para la economía, el medio ambiente y las comunidades cercanas al Salar de Uyuni, el cual alberga las mayores reservas de litio del mundo y es un ecosistema vital para el país.
El Proyecto de Ley que aprueba el contrato con el consorcio chino prevé la construcción de dos plantas con una capacidad de 35.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Por otro lado, el proyecto de contrato con la empresa rusa Uranium proyecta construir una planta de Extracción Directa de Litio con capacidad de 14.000 toneladas anuales.
El Salar de Uyuni, considerado uno de los destinos más importantes para el turismo, está protegido por la Constitución y diversas leyes nacionales e internacionales, como la Ley de la Madre Tierra y el Acuerdo de Escazú, que aseguran la participación ciudadana en decisiones ambientales, dijo una nota de prensa de las entidades involucradas.
Manuel Olivera, docente del CIDES-UMSA, destacó que cualquier decisión sobre el litio debe alinearse con principios constitucionales y normativas vigentes en materia de derechos ambientales y colectivos.
Por su parte, Oscar Campanini, director del CEDIB, insistió en la necesidad de que el tratamiento legislativo de los contratos sea transparente y participativo. En tanto, José Carlos Solón, de la Fundación Solón, sugirió que la Asamblea Legislativa convoque a reuniones específicas para recoger las observaciones de la sociedad civil.
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