El Presupuesto General del Estado entró en vigencia este 1 de enero, luego que pasaran 60 días sin haber sido aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Prevé una inversión pública de $us 4.024 millones, un crecimiento del 3,51%, una tasa de inflación del 7,5%, un precio promedio del barril de petróleo de $us 75,3 y el mantenimiento de la subvención a los carburantes.
«Habiendo transcurrido el término de 60 días, sin haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional la Ley del Presupuesto General del Estado-Gestión 2025, en el marco del numeral 11 del parágrafo I del artículo 158 y del parágrafo II del artículo 164 de la Constitución Política del Estado, entra en vigencia a partir de su publicación», prevé la ley publicada en la Gaceta Oficial.
De acuerdo al numeral 11, «en caso de no ser aprobada en este plazo (de 60 días), el proyecto se dará por aprobado».
El presupuesto total agregado alcanza a Bs 369.341 millones, mientras que el presupuesto consolidado suma Bs 296.566 millones, es decir, se incrementan en 8,5% y 11,7%, respectivamente, en comparación con el PGE 2024. Del presupuesto consolidado de gasto, de Bs 296.566 millones, el 58,8% (Bs 174.235 millones) corresponde a gastos corrientes, el 17,2% (Bs 51.046 millones) a gastos de capital y el 24,0% (Bs 71.285 millones) a uso de fondos.
Para la subvención a los carburantes, insumos y aditivos, asigna Bs 15.156 millones, y para la subvención a los alimentos un total de Bs 750 millones (trigo, Bs 383 millones; maíz Bs 268 millones y arroz, Bs 99 millones).
El proyecto del PGE 2025 fue remitido a la Asamblea Legislativa el 30 de octubre y la nueva directiva de la Cámara de Diputados la recibió el 11 de noviembre.
La Comisión de Planificación de Diputados aprobó el proyecto con modificaciones y lo remitió al pleno para su tratamiento, que no se dio debido al receso legislativo de fin de año, en un escenario similar al que se presentó en 2023, cuando el PGE 2024 entre en vigencia el 1 de enero de 2024 por fuerza de ley.
El PGE 2025 persigue siete grandes objetivos: garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas; profundizar el proceso de industrialización con sustitución de importaciones mediante el desarrollo de plantas industriales; potenciar el aparato productivo e industrial, incrementando la productividad y el rendimiento; reafirmar la política de acceso universal y gratuito a la educación y la salud.
También se propone potenciar los sectores minero e hidrocarburífero con inversiones estratégicas y desarrollo tecnológico; priorizar recursos para la subvención a los alimentos esenciales y a los hidrocarburos, y continuar con la implementación de políticas sociales que busquen la equidad en la distribución de los ingresos, la reducción de la desigualdad y la disminución de la pobreza.
Via: Los Tiempos
