Sergio Medinaceli
En 2021 el gobierno nacional, a través de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), denunció irregularidades y delitos en el Proyecto de Explotación de Litio mediante piscinas de evaporación efectuado en el gobierno de Evo Morales. Por tal situación, YLB inició los trámites para implementar un nuevo sistema basado en la Extracción Directa de Litio (EDL), convocando a empresas internacionales. De esta primera convocatoria se firmaron convenios con dos empresas chinas (CATL y Hong Kong CBC) y con la rusa Uranium One Group. De estos tres convenios, dos fueron enviados al Legislativo, los contratos con CBC y Uranium, los mismos que aún no han sido aprobados.
En septiembre de 2024, YLB firmó con Uranium un Contrato de Asociación Accidental para una planta EDL en el salar de Uyuni, enviándolo al Legislativo en octubre.
Cabe recordar que el 13 diciembre de 2023 se firmó un convenio entre YLB y la Uranium acordando una inversión de 450 millones de dólares para producir 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio; en 2024 el citado contrato accidental aumentó el monto inexplicablemente a 975 millones de dólares, por las mismas 14.000 toneladas al año. YLB no ha dado una explicación sobre esta diferencia.
El contrato accidental está compuesto por otros cuatro contratos: de construcción de la planta, de operación y mantenimiento, de comercialización y de conciliación. El contrato de transferencia es parte del contrato accidental, pero los otros tres contratos de operación y mantenimiento, de comercialización y de conciliación serán firmados luego de la publicación de la ley que apruebe dicho contrato, es decir que el Legislativo no conocerá esos tres contratos (el corazón del contrato accidental), siendo los más importantes para dar vigencia al acuerdo con la Uranium.
No es posible empeñar el país por 20 años vendiendo preferentemente litio a los rusos sin considerar alguna cláusula que permita la venta de litio a un mejor postor. Tampoco es conveniente no conocer los costos de operación, como el costo de la tonelada de litio, costo de la patente EDL de Uranium, impuestos, utilidades, regalías, pago de la deuda a Uranium y otros componentes que hacen al flujo de caja de cualquier emprendimiento.
Todos estos datos deben ser considerados en el contrato de Operación y Mantenimiento que, tal como indica el contrato accidental, no será de conocimiento del Congreso. No debe olvidarse que YLB asume el costo de inversión de 975 millones de dólares, que deben ser pagados por el Gobierno de Bolivia –supuestamente en 20 años–. Además, durante los 20 años, YLB se obliga a contratar a la Uranium para el mantenimiento de la planta sin considerar alguna posibilidad de contratar a otra empresa, inclusive con mejor tecnología.
El contrato de conciliación que no será de conocimiento del Legislativo comprendería la aprobación de YLB sobre los gastos de inversión que declare la Uranium, mismos que podrían ser sobredimensionados, lo que conduciría a posibles actos de corrupción; más aún, cuando el contrato accidental determina una inversión de 975 millones de dólares, muy diferente a lo descrito en el Convenio de diciembre de 2023, que disponía una inversión de solo 450 millones de dólares.
Sobre las regalías, el contrato establece pagos en efectivo o en especie a la Alcaldía de Potosí, cuando legalmente estos recursos deben transferirse a la Gobernación, y en efectivo.
El economista Mauricio Medinaceli señala que, según los datos disponibles, YLB recibiría más de 100 millones de dólares al año de ingreso, mientras que Potosí apenas recibiría 10 millones, lo cual es desproporcionado considerando que el salar de Uyuni pertenece a este departamento y YLB no aporta nada.
Por otro lado, YLB no ha presentado cálculos detallados sobre el proyecto (una elemental hoja de Excel) para evaluar ingresos, costos y regalías.
En cuanto al impacto ambiental, el uso de agua dulce y la explotación del Salar podrían causar daños significativos. YLB debería proporcionar información detallada sobre estas afectaciones por cuanto el departamento de Potosí y el país en su conjunto deben resguardar al salar y su blancura en beneficio del turismo, siendo esta maravilla del mundo la razón de existir de la ciudad de Uyuni y comunidades aledañas.
Sergio Medinaceli Soza es analista en temas económicos.
