A dos años de que el Gobierno lanzara el Plan Nacional de Acción del Mercurio, el investigador Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), afirmó que el mismo no tuvo avances importantes en el marco del cumplimiento del Convenio de Minamata, pues se limitó a generar un registro de importadores y comercializadores, y no así a realizar acciones concretas que vayan a reducir el uso de la sustancia tóxica en la minería del oro.
“Es importante mencionar que las dos acciones han sido asumidas por el Estado a presión de la sociedad civil y organismos internacionales de Derechos Humanos (…). Sobre el Plan de Acción el Gobierno tenía financiamiento por donación hace tres años y el registro de importadores fue una propuesta de decreto que elaboró el Ministerio de Medio Ambiente y Agua que rechazado por más de tres años por el Gabinete, antes de ser puesto en vigencia”, afirmó.
Puntualizó que el registro de importadoras y comercializadoras ha sido una medida interesante que la adoptaron muchos otros países, pero insuficiente, ya que en el caso boliviano se limita a contar con la lista de importadores, pero no hay una prohibición progresiva como lo hizo Colombia que prohibió el uso y comercialización de la sustancia tóxica en el marco de un plan.
“En el caso de Bolivia no hay restricción ni prohibición de comercialización del mercurio, sobre la implementación del registro no se conocen nada (…). Hay la denuncia de comercializadores del mercurio de Perú, que operan en Bolivia y algunos con procesos, no se ha dicho nada al respecto”, señaló.
Sobre el plan de acción nacional y plan de mercurio y salud dijo que fue una iniciativa muy interesante pero que no llegó a concretarse en su versión final. “Se lanzó con mucha pompa, hubo capacitación, medidas que hubiesen sido interesantes en toxicología pero hasta donde tenemos conocimiento hubo algún material informativo y algunos talleres pero no hay ninguna medida concreta”, dijo.
Campanini afirmó que hasta donde se conoció se contrató a una empresa consultora que avanzó todo lo que pudo en el diagnóstico de la minería del oro y el uso del mercurio, pero los resultados fueron reservados por el sector minero, para luego ser puestos en revisión. Mientras que las siguientes fases que pretenden ser más participativas tanto del sector minero como de afectados se quedaron trancadas.
“Estamos en contacto con personal médico de salud de algunas zonas afectadas por la minería y dicen que no hay grandes medidas por parte del nivel central para desarrollar este plan de mercurio y salud y el plan de acción nacional que se enmarca en el Convenio de Minamata, que arrancó y no ha tenido mayor avance”, aseveró.
De acuerdo al análisis del investigador, el Gobierno no encaró la problemática del mercurio de manera estructural ya que la minería ilegal del oro avanza junto con la vulneración de derechos.
Consultado por qué no fueron más contundentes en sus recomendaciones en el marco del EPU el 21 de enero de este año países vecinos como Brasil o Perú, respondió que hay preocupación de varios países de la región por la inacción de Bolivia, pero que en espacios más políticos no lo expresan.
“Hasta donde tengo conocimiento, hay una preocupación de los Estados vecinos, probablemente no se manifieste en los planos políticos que tienen otros elementos que dinamizan esas relaciones bilaterales, pero en el plano técnico es un tema de preocupación, sobre todo por Perú y Brasil y tiene que ver con el comercio ilegal del mercurio, el narcotráfico, tráfico de combustibles y otros ilícitos donde el Gobierno no toma las acciones esperadas a nivel nacional e internacional”, aseveró.
Via: Erbol
