Debido a la susceptibilidad con el tema de los contratos de litio, que generó un retraso en su tratamiento en la Asamblea Legislativa, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) advirtió que la no aprobación de los acuerdos retrasará 10 años más la inserción del país al mercado mundial y no se aprovechará el recurso.
“Si no se aprueban estos contratos, vamos a dejar a Bolivia por lo menos unos 10 años más sin producción de carbonato de litio grado batería”, sostuvo Omar Alarcón, presidente de YLB.
Litio
Bolivia firmó dos contratos para la explotación de las reservas del litio, con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC. En total, el monto que las trasnacionales invertirán supera los $us 2.000 millones y prevé la construcción de plantas de extracción directa de litio (EDL) en los salares del país.
Sin embargo, la oposición, analistas y algunos sectores denunciaron que los contratos son desfavorables para el país, pues las ganancias serán mínimas y las trasnacionales recibirán todos los beneficios.
Por ello, los contratos, que se firmaron en septiembre y noviembre de 2024, se encuentran paralizados en una comisión de la Cámara de Diputados, que exige mayor transparencia con el tema.
Este martes, Alarcón y otras autoridades del Ministerio de Hidrocarburos brindaron un informe técnico en el que aseguran que YLB mantendrá un 51% de las utilidades y un control total de las actividades comerciales.
Con esa información, esperan que los legisladores aceleren el proceso y no perjudiquen la imagen del país, que podría dificultar otras inversiones en caso de que no se aprueben los contratos.
“Va a ser un mensaje negativo a toda la comunidad de inversiones a nivel mundial, porque nosotros ya hemos firmado un contrato con la empresa CATL, que es la más importante a nivel mundial en el tema del litio, mueven el 40% a nivel mundial”, afirmó Alarcón.
De acuerdo con el presidente de la estatal, las empresas extranjeras corren todo el riesgo con estas inversiones, por lo que esperan “seguridad jurídica y técnica” por parte del Estado.
Vía: La Razón
