Entre 2014 y 2023, Bolivia importó combustibles (diésel y gasolina) por un monto de $us 14.347 millones para satisfacer la demanda interna. El incremento de las compras se debe a una menor producción de petróleo y condensado en el país.
Así, los volúmenes importados subieron de 8 millones de barriles en 2014 a 18,2 millones en 2023, lo que representa un incremento de 127,5%, según los datos procesados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías.
En cuanto al valor de las compras durante este período, las mismas pasaron de $us 1.110 millones —cuando el barril se cotizaba en promedio a $us 94,3, uno de los precios más altos registrados hasta la fecha— a $us 2.881 millones —$us 77,6 el barril, cotización promedio anual—.
En total, en una década, las importaciones de diésel y gasolina alcanzaron un monto de $us 14.347 millones. Haciendo un análisis por año, en 2022 se marcó un récord histórico con compras por un valor de $us 2.999 millones.
Combustibles
Este incremento en el ingreso de carburantes fósiles para el mercado interno es consecuencia de una menor producción de petróleo crudo y condensado en el país.
Según datos de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la producción empezó a declinar desde 2015. Ese año se produjeron 17,9 millones de barriles de petróleo y condensado. Y para 2023 esos volúmenes habían caído hasta los 8,6 millones de barriles.
Toda esta información fue presentada el domingo pasado por el presidente Luis Arce Catacora en una exposición sobre el origen y causa de la falta de dólares y combustible en Bolivia.
Según el Jefe de Estado, hay ocho factores internos y externos que originaron la falta de dólares y combustible en el país, y trazó la ruta para dar una solución estructural a esta situación con la producción del 90% de diésel al 2026.
El mandatario precisó que el origen y causa de la falta de dólares y combustible en Bolivia es el descuido de la nacionalización de los hidrocarburos de 2006 con la falta de inversión en exploración, lo que llevó a la caída en la producción de combustibles y la dependencia de las importaciones.
Además se enumeró el incremento del volumen de importación de combustibles; el aumento del precio internacional de los combustibles; el sabotaje y bloqueo en la Asamblea legislativa Plurinacional al no aprobar créditos por más de $us 1.077 millones y la inflación mundial.
Frente a este “problema estructural”, informó que desde que asumió la presidencia en 2020 puso en marcha cuatro soluciones estructurales que pasan por una mayor exploración y explotación de hidrocarburos, la generación de biodiésel, incentivos al sector privado para la producción de biodiésel y la política de sustitución de importaciones con la construcción de más de 170 plantas en todo el país.
“Esta es una tarea que ya la venimos diagnosticando hace mucho tiempo, y desde que estamos en Gobierno la hemos implementado y estamos poniendo en práctica para resolver el problema estructural, que es lo más importante. Nuestros hijos tienen futuro, estamos resolviendo estructuralmente el problema que se ha generado en años pasados, lo estamos haciendo ahora con un plan estratégico claro”, afirmó Arce.
Dato
La primera acción busca revertir la falta de exploración y explotación de hidrocarburos que llevó a que el país reduzca los ingresos por las exportaciones y paralelamente incremente las importaciones de petróleo crudo.
Como dato, refirió que en 2014 el país producía 18,6 millones de barriles de petróleo, pero ahora bajó a 8,6 millones de barriles.
Mientras que las exportaciones de gas natural del país pasaron del pico de 17.608 millones de metros cúbicos (MMmc) al año en 2014 —48,2 millones día— a 8.062 MMmc en 2023 —22,1 millones día—, lo que provocó que también el Estado capte menos ingresos.
“Nosotros estamos viviendo” lo que “no se hizo hace siete años atrás”, graficó el presidente Arce, según un reporte de ABI
No obstante, para revertir este escenario, el 2020 se aprobó la perforación de 26 pozos, de los cuales 16 se ejecutaron, frente a los 7 que se aprobaron y 4 que se ejecutaron entre 2010 y 2019.
A diferencia de los resultados negativos que marcaron los pozos entre 2010 y 2019, de los 16 pozos perforados en los últimos cerca de 4 años 6 fueron positivos, entre ellos el pozo Mayaya X1, que con un potencial de 1,7 trillones de pies cúbicos (TCF), convierte a La Paz en un departamento productor de hidrocarburos.
De acuerdo con el presidente, los proyectos que encara YPFB producirán el 20% del diésel que demanda el país e irá a reforzar la producción de biodiésel de las tres plantas estatales que generarán el 60%. A ello se sumará el sector privado con un aporte del 10%.
“Esto es clave, estructural, vamos a sustituir la importación de combustibles (…) vamos a estar produciendo ya hacia el 2026 el 90 por ciento de toda la demanda del país con diésel, producido por bolivianos, con materia prima boliviana”, aseguró el Presidente.
Plantas
Tanto la planta de biodiésel de Santa Cruz, que inició operaciones en marzo de este año, como la de El Alto, que será entregada a fin de año, tienen una capacidad de producción cada una de 1.500 barriles por día de biodiésel.
Mientras que la planta de HVO (aceite vegetal hidrogenado), que se construirá en el departamento de Santa Cruz, producirá 9.000 barriles al día de biodiésel desde 2026.
“La planta HVO son 9.000 barriles por día y es un diésel 100 por ciento ecológico, es un diésel sintético que es 100 por ciento vegetal, ya no necesita una mezcla con el combustible fósil, es un combustible de altísimo nivel, en Europa es altamente demandado este tipo de combustible y esperamos ya para 2025 estar contando con esta tecnología HVO”, informó semanas atrás el presidente de YPFB, Armin Dorgathen.
Y para que el sector privado acompañe este proceso de sustitución de la importación de diésel, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5197 que establece el arancel cero para la importación de equipos destinados a implementar plantas de biodiésel.
Además del dinero que se destina para la compra de carburantes, otro problema es la subvención, que en los últimos años representa una sangría para las arcas del Estado boliviano.
Para solucionar esta problemática, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, destacó días atrás la necesidad urgente de reformar las políticas relacionadas con la subvención, que se ha vuelto insostenible tanto para el Estado como para los consumidores. En respuesta a esta situación, el presidente Luis Arce propuso someter el tema de la subvención a una consulta ciudadana.
Cada año se pierde $us 600 MM por el contrabando
Además del dinero que eroga el Estado boliviano para la importación de combustibles, otra cuantiosa suma se destina anualmente para subvencionar los precios en el mercado interno. Y si a eso se añade que buena parte de los carburantes subvencionados salen del país vía contrabando, la situación se torna aún más crítica.
El 11 de agosto, el Gobierno reveló que gasta $us 2.000 millones al año para la subvención de la gasolina y el diésel. Y, de este monto, Bolivia pierde aproximadamente $us 600 millones debido al contrabando de combustibles que salen fuera de las fronteras.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, lamentó que, pese al esfuerzo que se realiza para abastecer de los carburantes al mercado interno, hay quienes se dedican al contrabando del diésel y la gasolina.
Según la autoridad, el país enfrentó problemas con el subsidio desde hace más de dos décadas. Hace 15 años, la subvención era de $us 200 millones, pero para 2023 ascendió a alrededor de $us 2.000 millones, y se prevé un monto similar para este año.
Para enfrentar estos desafíos, el Gobierno ha implementado varias medidas, incluyendo la disminución de los costos de importación y el desarrollo de un plan de exploración con un enfoque en el control del contrabando mediante los decretos 4910 y 4911.
Agregó que, pese a estas acciones, los precios de los combustibles en Bolivia siguen siendo los más bajos de la región, lo que ha llevado a que casi el 30% del combustible (equivalente a unos $us 600 millones) sea desviado a países vecinos.
Vía: LA RAZÓN
