Las políticas contrapuestas reflejan prioridades diferentes, Brasil opta por mayor control y regulación del estado, mientras que Argentina se centra en políticas liberales para atraer la inversión.
Argentina ha dado un gran paso adelante para atraer inversiones extranjeras y nacionales al sector energético del país con la aprobación de la Ley de Bases, que incluye el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Se trata de una medida importante para atraer grandes inversiones al sector energético argentino, en particular para proyectos de gran envergadura como oleoductos y terminales de exportación relacionados con el yacimiento de esquisto de Vaca Muerta.
Los proyectos que superen los 200 millones de dólares tienen garantizados 30 años de estabilidad jurídica y regulatoria, suponiendo que el 40% de la inversión se realice en los dos primeros años.
Para los proyectos de más de 1.000 millones de dólares, hay importantes exenciones fiscales y una exención de los impuestos a la exportación después de 2-3 años, dependiendo del tamaño del proyecto, así como la exención de impuestos sobre las importaciones relacionadas con el tamaño del proyecto y el acceso progresivo a las divisas-20% después de dos años, 40% después de tres años, y el pleno acceso (100%) después de cuatro años.
Esta iniciativa pretende crear un entorno favorable para los inversores extranjeros y nacionales ofreciendo incentivos financieros y garantizando la seguridad de los proyectos a largo plazo.
Esto podría impulsar significativamente la inversión en infraestructuras energéticas en Argentina, fomentando la producción de petróleo y gas y el crecimiento de la capacidad de exportación.
El marco RIGI establece criterios específicos de elegibilidad y beneficios para proyectos de inversión a gran escala en Argentina, centrándose en atraer inversiones sustanciales y fomentar industrias estratégicas.
El RIGI está disponible para entidades de un solo proyecto, empresas conjuntas y otras formas de asociaciones involucradas en grandes proyectos de inversión, comúnmente estructurados como vehículos de propósito especial (SPV).
Para poder optar a la ayuda, las inversiones deben ser de al menos 200 millones de dólares en activos computables. El poder ejecutivo está facultado para fijar umbrales más elevados para sectores específicos, hasta un máximo de 900 millones de dólares.
Los proyectos con inversiones de 1.000 millones de dólares o más que puedan establecer a Argentina como proveedor mundial a largo plazo pueden clasificarse como exportaciones estratégicas.
Estos proyectos pueden acceder a beneficios e incentivos adicionales más allá de los términos estándar del RIGI. Debido a su orientación exportadora, los proyectos de petróleo y gas, minería e hidrógeno son candidatos probables a estos beneficios adicionales.
Las solicitudes de adhesión al RIGI deben presentarse en los próximos dos años. El poder ejecutivo tiene la facultad discrecional de conceder una prórroga de un año para la presentación.
En la otra cara de la moneda, el reciente cambio de política del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva en relación con el gas natural ha entusiasmado a los defensores de la soberanía del gas natural en Brasil. Sin embargo, también ha suscitado preocupación por las posibles repercusiones en la inversión en el sector del petróleo y el gas de Brasil.
Un nuevo decreto otorga a la ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), organismo regulador del sector, la autoridad para establecer límites a la cantidad de gas natural que los productores de petróleo pueden reinyectar en los yacimientos.
Hoy en día, en los yacimientos marinos de Brasil, la mayor parte del gas natural producido en asociación con el petróleo suele reinyectarse para mantener la presión del yacimiento y mejorar la extracción de petróleo. Esta práctica también ayuda a gestionar los elevados costos de transporte del gas hasta la costa.
Con este decreto, la administración pretende impulsar el suministro nacional de gas natural y bajar los precios para estimular la actividad industrial en Brasil. Al reducir potencialmente el volumen de gas reinyectado, la política pretende desviar más gas al mercado nacional de combustibles.
Sin embargo, las inversiones pueden plantear problemas, sobre todo en lo que respecta a los costes. Para empresas como Equinor, Shell y Petroleo Brasileiro SA (Petrobras), las nuevas normas podrían afectar a la economía de sus proyectos en alta mar.
Si la política conduce a mayores costos de transporte de gas u obliga a desviar más gas de la reinyección, podría afectar a la viabilidad y rentabilidad de los proyectos. La incertidumbre que rodea a la nueva normativa podría hacer que estas empresas se muestren más cautelosas.
Equinor y Shell están evaluando cómo podría afectar el decreto a sus multimillonarias inversiones offshore en Brasil. Cabe señalar que la norma sólo se aplicará a los nuevos pozos y no afectará a los contratos existentes.
Para el gobierno de Lula, el decreto prioriza el aumento del suministro de gas natural y la reducción de los precios, que considera cruciales para el crecimiento industrial.
Aun así, la introducción de este nuevo marco regulador podría crear importantes retos para las compañías petroleras que operan en alta mar, afectando potencialmente a sus decisiones de inversión y a la economía de sus proyectos.
Queda por ver cómo estos mandatos gubernamentales configurarán el futuro del sector energético en ambos países, de hecho, las implicaciones en este caso son de naturaleza a largo plazo.
Argentina y Brasil han experimentado una oscilación bastante pronunciada en su liderazgo político durante la última década, oscilando de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.
En ese sentido, sigue sin estar claro cómo los futuros cambios en la Casa Rosada y el Palácio do Planalto podrían afectar a estas políticas en el futuro. Por ahora, las posiciones de ambos líderes parecen estar bien asentadas.
El presidente Lula seguirá haciendo hincapié en un mayor control y regulación estatales para gestionar el suministro y los precios de la energía nacional, lo que podría dar lugar a una inversión más cautelosa por parte de las empresas internacionales.
Al mismo tiempo, el presidente Milei se centrará en liberalizar el mercado energético para atraer inversiones y ampliar la infraestructura energética y la capacidad de exportación de Argentina, con el objetivo de crear un entorno más favorable para los proyectos a gran escala.
